La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo, con la colaboración de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, están llevando a cabo entre mayo y junio una campaña de inspección sobre el aceite de oliva al que acceden los consumidores en los diferentes establecimientos y puntos de venta con el objetivo de "controlar la posible existencia de alteraciones, adulteraciones o fraudes".
Dichas inspecciones se ceñirán a las provincias de Jaén y Córdoba, al tratarse de las mayores productoras de aceite en Andalucía.
Según indicó la Junta en una nota, se trata de un centenar de controles que incluirán, por un lado, comprobaciones de etiquetado y, por otro, tomas de muestra, que serán analizadas en los laboratorios de la Consejería de Agricultura.
El Gobierno andaluz precisó que "la importancia del aceite de oliva para las economías doméstica, al tratarse de un artículo de consumo masivo, han hecho aconsejable realizar esta batería de inspecciones".
De esta forma, se comprobará que se cumple la prohibición de comercializar productos a granel, se verificará que la capacidad de los envases almacenados y puestos a la venta se adapta a la normativa, y que los precintos quedan inutilizados al abrir los envases. Igualmente, mediante esta campaña se controlará la trazabilidad, esto es, la trayectoria que ha seguido un producto en la cadena de suministros.
En el laboratorio, por su parte, se estudiarán las características químicas de los aceites que se sometan a estudio (acidez o perfil de ácidos grasos). Asimismo, se cotejará si el contenido de los envases se corresponde con el del producto que se anuncia en la etiqueta ya que de lo contrario se incurre en un fraude que conllevaría la correspondiente sanción administrativa derivada de la normativa que protege a los consumidores y usuarios, con independencia de que, al tratarse de un delito, la administración de consumo pueda, en su caso, dar traslado a las autoridades competentes.
Respecto al control de etiquetado, se estudiarán envases de distintas capacidades y se realizarán un total de 50 inspecciones (25 en la provincia de Córdoba y 25 en Jaén). En cuanto a toma de muestras, se efectuarán también 50 (la mitad en cada una de las provincias donde se desarrolla la campaña) sobre los mismos productos en los que se controla el etiquetado.
El grueso de la campaña, concretamente el 90 por ciento de las actuaciones, se centrará en aceites etiquetados con la denominación 'Aceite de oliva virgen extra' y 'Aceite de oliva virgen'.
En esta campaña se efectuarán controles en comercios detallistas de alimentación, en medianas y grandes superficies, así como en tiendas especializadas en la venta de aceites. Igualmente, los inspectores de Consumo harán especial hincapié en marcas en las que se haya confirmado adulteración del producto en campañas de inspección anteriores; y prestarán también especial atención a marcas con poca implantación en el mercado y que se vendan a un precio inusualmente bajo.
La Junta reconoció que durante los años 2008 y 2009 no se realizaron por parte de la Dirección General de Consumo campañas de inspección específicas del aceite de oliva que llega al consumidor final, si bien estos controles se enmarcaron en las campañas genéricas de productos alimenticios que lleva a cabo anualmente este centro directivo de la Consejería de Salud.
De los 80 controles realizados en dicho periodo sobre el aceite de oliva comercializado para su venta al público, sólo el 5% dio como resultado algún tipo de irregularidad en materia de Consumo, por fraude en la clasificación de los aceites y por deficiencias en el etiquetado nutricional.
Según la normativa comunitaria vigente, sólo hay cuatro denominaciones con las que se permite la comercialización del aceite: 'Aceite de oliva virgen extra', 'Aceite de oliva virgen', 'Aceite de oliva' y 'Aceite de orujo de oliva'.
Los incumplimientos de la normativa referidos a irregularidades de etiquetado pueden castigarse con multas de entre 200 y 5.000 euros, por ser constitutivos de infracciones leves, mientras que, en caso de que se detecte, una vez recibido el ensayo del laboratorio, que la categoría del aceite no coincide con la publicitada, la sanción podría oscilar entre los 5.001 y 30.000 euros, por tratarse de una actuación fraudulenta considerada como infracción grave, todo ello en virtud de la normativa en materia de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Fuente: europapress.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario