El comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, fue el que tuvo que tragarse el marrón y hacer público que aparcaba una propuesta que había anunciado a bombo y platillo apenas diez días antes. Se enmarcaba en una serie de medidas que pretendían proteger al consumidor para que no le dieran gato por liebre.
La marcha atrás se ha interpretado como una “bajada de pantalones” ante las presiones de los estados no productores, fundamentalmente, Alemania, Inglaterra, Holanda y los Países Nórdicos. El primer ministro británico, David Cameron, llegó a decir hace unos días que la situación del aceite de oliva es “el tipo de cosas sobre las que la Unión Europea nunca debería debatir”. Tras la presión, Bruselas decidió dejar la propuesta para más adelante, aunque las perspectivas para que se vuelva a retomar parecen poco halagüeñas.
Y con esa perspectiva, el sector clama con indignación. Uno de los más críticos ha sido Luis Carlos Valero, el gerente de Asaja Jaén: “Son los comedores de caballo y de caca de vaca los que ponen ahora la zancadilla sin explicación lógica que valga a esta norma que era muy beneficiosa para los olivareros y para la provincia”, aseguró. Y añadió: “Estos países no están acostumbrados a tener seguridad alimentaria, ni a comer limpio y seguro, algo que ya nos demostraron cuando infectaron media Europa y a medio mundo con el pienso que daban de comer a las vacas para que luego se volvieran locas”.
Más moderados, pero igual de firmes en sus críticas, se mostraron los responsables de UPA y Coag, quienes destacaron la falta de compromiso demostrado por el comisario Ciolos con la calidad del producto. Los miembros de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faeca) califica de “disparate” la retirada de las aceiteras rellenables en los bares. Recuerda que se trata de una medida que tiene “una escasa repercusión económica”, pero que garantiza la calidad del producto servido en la mesa y, por lo tanto, evita fraudes. La Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva) también se ha mostrado contraria a la marcha atrás de la Comisión y dice que se trata de “un atropello” a todo el sector.
La decisión de Dacian Ciolos también ha encontrado la oposición fuera de las fronteras españolas. El Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y de las Cooperativas Agroalimentarias europeas (Copa-Cogeca) —que engloba a más de 70 colectivos— tacha de “absurdo” el paso atrás del comisario. “Es totalmente increíble que la Comisión retire esta medida sólo por razones de presión política”, ha declarado en un comunicado el secretario general de esta organización, el finlandés Pekka Pesonen. Curiosamente, Finlandia es uno de los países que pidió la retirada de la medida. “El aumento de los costes derivados de la medida es insignificante y no es una excusa para no seguir adelante con ella”, añadió.
Y las críticas también llegan desde el propio Parlamento Europeo. El eurodiputado italiano, Paolo de Castro, criticó a Ciolos por “ceder a las presiones de los países del norte” y “trivializar” con la calidad del aceite. “Es grave que una propuesta sobre la que se ha discutido un año y surge de un plan de acción más amplio para relanzar el sector, sea ahora retirada a causa de una campaña mediática de tonos exasperantes”, afirmó De Castro. El eurodiputado italiano acusa a los primeros ministros británico, David Cameron, y holandés, Mark Rutte, de defender “duras posiciones” contra las medidas propuestas por Bruselas y les acusa de participar en un “ataque contra la propia institución europea”. En opinión de De Castro, las críticas de Londres y de otras capitales del Norte son “un ataque oportunista que antepone falsas prioridades (como los costes en la hostelería y los controles) a un asunto de gran relevancia e impacto en un área económica central como es la agroalimentaria”.
Pese a las críticas, existen muy pocas posibilidades de que Bruselas retome la propuesta. Por ello, la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Agricultura. Las organizaciones agrarias han pedido a Arias Cañete que implante la medida en el territorio español de forma unilateral. El Gobierno no responde. “No estamos contentos”, asegura la secretaria general, Isabel García Tejerina, quien anuncia “presiones” para reimpulsar la iniciativa que “beneficia a todos”.
Fuente: diariojaen.es
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