Se puede decir más alto, pero no más claro: la Consejería de Agricultura va a poner toda la carne financiera en el asador para potenciar el olivar y mucho mimo hacia el considerado como tradicional.
El instrumento escogido es la futura Ley del Olivar y el Plan Director que la acompañará y con los que se pretende establecer un punto de inflexión en el desarrollo de este cultivo en Andalucía.
Sus objetivos son varios: mejorar la productividad, a la par que recuperar aquellas explotaciones poco eficientes por su situación geográfica, manteniendo la población al terreno (multifuncionalidad), primando para ello a los olivares más débiles y modulando las ayudas públicas que reciben los productores, lo que ha levantado ampollas en la patronal agraria Asaja, que amenazó la semana pasada con elaborar un texto alternativo para que sea defendido en el Parlamento andaluz por un partido político.
Contratos territoriales
Un ejemplo del proteccionismo imperante en la futura norma, contra el que ha alegado Asaja, es la figura de los contratos territoriales de zona rural y los de explotación con los que los agricultores suscriben voluntariamente unas condiciones que deben cumplir bajo el riesgo de perder las ayudas recibidas. Esos contratos también dan a la Administración la autoridad necesaria para inspeccionar sus explotaciones.
La clara intención «moduladora» de la Consejería queda plasmada en el borrador cuando el artículo 15 recoge que se «reequilibrarán las ayudas de las administraciones públicas» y lo ratifica en las alegaciones de Asaja cuando afirma que «cierto es, la Junta tiene una voluntad moduladora dentro del respeto de las normas europeas».
Otra ventaja del olivar tradicional será la de poder disfrutar de las nuevas concesiones de riego siempre y cuando acometan acciones de mejora de la explotación, incentivadas, a su vez, por el Gobierno andaluz.
Como se puede comprobar, la figura del olivar tradicional cobra especial relevancia en la futura norma, pero ¿qué se entiende por tal? Ni la Consejería lo sabe. En la respuesta a las alegaciones de Asaja afirma que «es un concepto conocido pero no definido [...], que se extiende principalmente por las explotaciones olivareras por el conocido eje del olivar: Jaén , Málaga y sudeste de Sevilla [...] que necesitan apoyos públicos asimétricos, en su caso, para su mantenimiento y mejora».
¿Dónde está Córdoba? Es de suponer que también cuenta con zonas de olivar tradicional, que por la descripción que hace la Consejería no son mayoritarias.
El instrumento clave de la futura ley es el Plan Director que entrará en vigor doce meses después de que lo haga la norma. Tendrá una vigencia de seis años y sus funciones son desde realizar un diagnóstico del cultivo a potenciar un modelo sostenible; que prime la investigación y la innovación o que regule las relaciones «publico-privadas» que a juicio de la asociación agraria no es más que un ejemplo del alto nivel intervencionista que destila.
El Consejo Andaluz del Olivar, contemplado en el anteproyecto de ley, promete ser otro frente polémico. En él estarán representados la Administración y el sector, aunque no dice cómo; sólo que tendrá un máximo de 20 miembros.
Fuente: abc.es
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