El sector del aceite ha reaccionado de manera contundente contra el fraude detectado por la inspección de la Junta en la venta de aceite de oliva virgen extra. Las organizaciones agrarias reclamaron ayer más controles en el etiquetado para evitar lo que consideran un engaño a los consumidores, mientras que la Junta pidió cautela y las asociaciones de consumidores exigen acciones contundentes contra los infractores.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, insistió en que el fraude detectado no supone un riesgo para la salud. "En las denuncias se plantea que hay empresas que etiquetan este aceite como virgen extra con un precio que no puede ser competitivo, ya que la propia elaboración de este aceite está por encima del precio final en el mercado".
La consejera declinó dar los nombres de las empresas implicadas hasta que no culmine la investigación. Montero recordó también que la inspección se ha realizado en los puntos de venta, por lo que no solo se ha analizado aceite producido en Andalucía, sino también aceite hecho en otras comunidades que están a la venta en establecimientos de Andalucía.
La campaña de inspección de la Dirección General de Consumo se activó en mayo. Tres meses antes, en febrero, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) había denunciado a Alcampo por vender bajo su marca Auchan aceite de oliva refinado mezclado con virgen como si fuera aceite de oliva virgen extra la "guerra comercial de precios bajos entablada por las grandes superficies y de la que este sector es uno de los principales damnificados" y exigió a la Administración un protocolo de actuación que refuerce y establezca controles con carácter permanente. Tanto Asaja como COAG han pedido contundencia en las sanciones a las empresas infractoras. En la actualidad, el máximo para este tipo de fraudes es de 30.000 euros, "una cantidad perfectamente asumible para una gran superficie", apuntó Rafael Civantos.
Las administraciones se centraron ayer, sobre todo, en defender la actuación del sector. La única que negó el fraude fue la consejera de Agricultura, Clara Aguilera. "En absoluto hay un fraude generalizado, no es verdad", dijo Aguilera, que aseguró que los análisis realizados por Consumo no han detectado "ninguna anormalidad". La titular de Agricultura afirmó también que la información publicada ayer por EL PAÍS "no está contrastada con la Administración andaluza", lo que no es cierto. Tres fuentes de la Administración confirmaron la existencia del fraude.
También lo confirmó ayer en público el subdelegado del Gobierno central en Jaén, Fernando Calahorro, que abogó por "acciones ejemplarizantes" contra los infractores. "Nos quejamos a veces de que los precios del aceite de oliva no se corresponden con la realidad y ya empezamos a entender por qué", dijo Calahorro, que pidió culminar "cuanto antes" la investigación.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, señaló que el resultado de esta inspección "no debe empañar las buenas actuaciones del sector, que produce un aceite de oliva de excelencia y calidad extraordinaria". Por su parte, el Ministerio de Sanidad aseguró no tener constancia de los resultados de los análisis realizados por la Junta.
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), en sintonía con lo apuntado por la consejera de Agricultura rechazó que se pueda hablar de un fraude generalizado. La noticia también ha desconcertado a los consumidores. El secretario general de Facua en Andalucía, Rubén Sánchez, pidió a la Junta que haga públicas las marcas de aceite de oliva en las que se ha detectado la irregularidad. "Se ha sembrado la sospecha sobre todo el sector" lo que provoca "el desconcierto entre los consumidores y puede causar un enorme daño a todas aquellas marcas que cumplen con la legislación vigente", indicó.
Fuente: elpais.com
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