En la última semana el sector productor del aceite de oliva ha estado en el primer plano informativo ante la difícil situación económica que vive y las quejas hacia la Unión Europea por no tomar medidas que eviten el hundimiento total del precio del aceite.
Si el jueves se conocía la propuesta realizada al presidente regional, José María Barreda, para que encabezara una iniciativa que permitiera un almacenamiento privado nacional, ayer eran los olivareros los que se manifestaban por las calles de Toledo para reclamar «precios justos y el almacenamiento», como se podía leer en algunas pancartas.
Un dato significativo es que, de nuevo, todo el sector —industriales, cooperativas y sindicatos agrarios— se han unido en la protesta, al igual que hicieran hace unas semanas con el sector ganadero. Aunque la convocatoria fue menos multitudinaria de lo previsto —no llegaban a mil manifestantes, muchos de ellos llegados de Andalucía y Extremadura—, las consignas eran las mismas: si no se actúa para mejorar los precios que se pagan en origen, el olivar desaparecerá. Insistían en que no pedían dinero, sino que se les pagara acorde con la calidad del producto.
Algunos datos que muestran la crisis del sector es que el precio medio del aceite de oliva en lo que va de campaña 2010/11 está prácticamente al mismo nivel que en la campaña 2001/02, a pesar del constante incremento de costes de producción de los últimos años. Además, las pérdidas acumuladas en el sector a nivel nacional en las últimas tres campañas se sitúan en más de 2.200 millones de euros.
Otro de los problemas que afectan al sector son las prácticas abusivas de la distribución, que dañan la imagen del aceite y perjudican la rentabilidad del sector, de ahí que se haya pedido un código de buenas prácticas en la ley de calidad agroalimentaria y sanciones «efectivas» contra la venta a pérdidas.
También se oyeron voces contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el «poco peso» que tiene España en Bruselas. Precisamente, la diputada regional del Partido Popular, María Luisa Araújo, aseguraba ayer que «Castilla-La Mancha se llevó un nuevo golpe cuando Bruselas denegó la medida del almacenamiento privado. Esto demuestra la poca confianza y relevancia del Gobierno socialista en Europa». También fue muy crítica con el presidente regional, José María Barreda, y recordó «las fotos prometiendo medidas a los agricultores que no ha cumplido ni piensa cumplir».
El próximo miércoles se reúne de nuevo el Comité de la Unión Europea encargado de estudiar el almacenamiento y todo el sector confía en que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, reconsidere su negativa al almacenamiento y lo apruebe. De no ser así, volverán las manifestaciones, la próxima prevista en Mérida, y comenzarán las negociaciones para poner en marcha el almacenamiento nacional.
El diputado nacional del PSOE, Alejandro Alonso, que estuvo presente en la manifestación de ayer en Toledo, se mostró convencido de que «en muy pocos días tendremos una decisión positiva» y aseguró que si finalmente Bruselas negara cualquier posibilidad, «estableceríamos la medida a nivel nacional por acuerdo de todas la comunidades autónomas».
Fuente: abc.es
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